El premier Jorge del Castillo echó más leña al fuego del descontento social lanzando calificativos a diestra y siniestra.

Acosado por la protesta y el descontento regional y social, el gobierno aprista ofreció diálogo, pero al mismo tiempo ­apeló a la amenaza y hasta el chantaje, al advertir que usará la represión contra los cusqueños, además de ofrecer cárcel para los presidentes regionales que rechazan el tercio superior, y advertir que privará al Cusco de ser sede de una de las reuniones de APEC, si persiste en la protesta.Pese a ello, en esta región se sigue preparando una paralización y las fuerzas sociales se alinean en la confrontación, como la CGTP, que anunció su apoyo a los maestros y presidentes regionales, mientras el paro agrario va tomando cuerpo, convocado para el lunes próximo, y los gobiernos regionales de la Amazonía se ­aprestan a concertar medidas contra la “Ley de la selva”.En medio de esta efervescencia social, el premier Jorge del Castillo perdió ayer los papeles y, a contramano de su ofrecimiento de diálogo, usó toda clase de epítetos, desde “comunistas”, “sectores ultras” y “extremistas humalistas”, contra los dirigentes sociales y pobladores que protestan contra la ley que autoriza construir hoteles y restaurantes en los accesos a las ruinas arqueológicas.El jefe del gabinete también recurrió al chantaje al advertir a los cusqueños que, en caso se llegara a concretar la anunciada paralización, eso “implicaría la descalificación del Cusco como sede de APEC”. “He invitado al presidente regional a un nuevo diálogo el lunes o martes. Que escoja el día, pero sin paro de por medio”, exigió.El gobierno puso en marcha toda su maquinaria, en el desesperado empeño por tratar de contener las protestas sociales que se vienen, y hasta la ministra de Justicia, Rosario Fernández, se sumó al tono ­amenazante del premier, cuando advirtió que los organizadores de las protestas tendrán que atenerse a las consecuencias legales y que todas las personas que promuevan actos de violencia serán enjuiciadas.Pero Del Castillo fue más ­allá en su intento de amedrentar a la población. Dijo que si por acción de los “extremistas” el equipo uruguayo Nacional no retorna a su país por una ­eventual toma del aeropuerto –que no está prevista, al menos hasta el inicio de la huelga–, la FIFA tendría el pretexto perfecto para impedir que el Cienciano juegue de local en el estadio Garcilaso del Cusco. En tanto, la Confederación General de Trabajadores del Perú respaldó a los maestros del Sutep que rechazan la exigencia del tercio superior.

Especialista León Trahtemberg se pronuncia y Asamblea Regional de la Libertad también le dice no al tercio superior.

Pedir como requisito para la contratación de personal docente pertenecer al tercio superior sólo generó choques entre el Estado, docentes y presidentes regionales. Ante ello, el especialista en Educación, León Trahtemberg, señaló en diálogo con LA PRIMERA que “el Gobierno hace causa común en torno a un error, denotando incapacidad de rectificarse, perdiendo aliados entre analistas y líderes regionales que lo ayudarían a impulsar una reforma educativa”.Trahtemberg manifestó que, para hallar una salida, “el ministro Chang debe tener la capacidad de escuchar, reconocer errores y rectificarse. El ministro cometió un error, porque la buena intención de escoger a los mejores maestros podría haberse realizado estableciendo criterios y mecanismos rigurosos de evaluación, sin apelar a la exclusión de 2/3 de todos los docentes”.En cuanto al enfrentamiento con los presidentes regionales, advirtió que el Gobierno cocinaría la salida de Chang del sector Educación. “Me pregunto si es posible que grandes políticos como Alan García, Jorge del Castillo y Meche Cabanillas, que necesitan convivir en paz con los gobiernos regionales, no se han dado cuenta de que esta pelea es tonta o inútil. O es que quizá estén jalando la pita para luego negociar y en el camino se está quemando Chang”, puntualizó.Más vocesDe otro lado, el representante de Foro Educativo, Manuel Iguíñiz, advirtió que el decreto perjudica 60% de buenos docentes y favorece a profesores de institutos mediocres.También se pronunció la decana del Colegio de Profesores del Perú y ex secretaria general del Sutep, Soledad Lozano, señalando que “el gobierno insiste en los insultos, en vez de promover el diálogo”, agregando que participará en la próxima reunión de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.Y desde las filas del Apra también exigen un debate académico y legislativo, y no “pugilístico”, propuso la congresista Mercedes Cabanillas. Reconoció que ampararse en una constancia de haber pertenecido al tercio superior de alguna institución, no sería la manera correcta de seleccionar a los docentes.La Libertad en contraNada de disciplina, no acatan el tercio superior. Algo que el gobierno no esperaba fue el pronunciamiento unánime de la región La Libertad, consejeros apristas y de oposición cerraron filas contra la norma discriminatoria. Esta decisión refleja el rechazo que ha despertado en todo el país una disposición que según los especialistas no tiene ni pies ni cabeza. Con el pronunciamiento de la Región Libertad el gobierno se queda solo y enfrentado a la totalidad de gobiernos regionales que encabezados por el de Arequipa, Lambayeque y otros ya comenzaron a emitir sendas ordenanzas regionales declarando inaplicable el DS-004 y se aprestan a una reunión cumbre.

Presidentes regionales firmes ante amenazas

La confrontación entre el gobierno y los presidentes regionales por el tema del Tercio Superior se intensifica. El ejecutivo no da su brazo a torcer. El gobierno lanza nuevos ataques y amenazas con la carcel a los presidentes regionales.Que tantas autoridades regionales se manifiesten en contra del decreto supremo N° 004-ED y lo califiquen de “discriminatorio” desesperó al ministro de Educación, José Antonio Chang, quien amenazó con denunciar penalmente a los titulares regionales que rechacen el decreto. Ante ello, el presidente regional de Lambayeque, Yehude Simon, afirmó que no le preocupa ir preso por no acatar el decreto que establece como requisito contratar a los docentes del tercio superior. “Experiencia de cárcel tengo. Si los especialistas independientes y los pensadores educativos dicen que la medida está muy mal, entonces a todos deben meterlos presos”, ironizó Simon, quien ayer confirmó que, en su región, la norma fue derogada.Simon –quien pasó varios años falsamente acusado de “terrorismo”- consideró que el ministro está cometiendo “el peor error” al enfrentarse al magisterio y a los presidentes regionales por insistir en aplicar un decreto “poco realista”.Quieren mejor educaciónEn diálogo con LA PRIMERA, los presidentes regionales de Arequipa y Loreto expresaron su malestar por la actitud del Estado contra las regiones y los docentes, pues no comprenden que el Gobierno no sepa entender las razones por las que, en varias regiones, el decreto no debiera practicarse, lo que puede generar un grave clima de división nacional. El titular regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, afirmó que el premier Del Castillo está desinformado al decir que las regiones se oponen al pueblo, pues según dijo “no es que las regiones no busquen el desarrollo educacional, sino lograr mecanismos para tener buenos maestros”. Manifestó que Arequipa no aplicará el decreto sino que realizará evaluaciones de dominio del idioma y razonamiento matemático que buscarán “igualdad de oportunidades con selección de capacidades”.El presidente regional de Loreto, Yván Vásquez, manifestó que en su región el decreto no será practicable, pues no hay más de 1000 profesores que pasen el tercio superior y que por las condiciones geográficas será muy difícil movilizar y seleccionar docentes. Invocó la ley que defiende al profesorado y criticó al Estado porque crea un mal precedente.Remezón políticoEl ex ministro de Educación, Javier Sota Nadal, indicó a LA PRIMERA que lamenta que “los desaciertos del régimen ocasionaran un remezón político en el país” y pidió que la polémica se resuelva usando el diálogo. “La intención de admitir a los mejores maestros es buena, pero es un error pensar que pertenecer al Tercio Superior es un indicador absoluto de eficiencia. Está demostrado que no siempre los mejores alumnos de las universidades sean los mejores profesionales. El magisterio, tantas veces maltratado y mal pagado, merece otro trato”, sostuvo.Por su parte, el presidente de la comisión de Educación del Congreso, Pedro Santos, anunció que buscará una salida al problema con el ministro Chang y las autoridades regionales. “Del Castillo está tomando el tema educativo como un enfrentamiento contra el magisterio y no se da cuenta que ese decreto es discriminatorio, excluyente, inconstitucional y quita el derecho al trabajo a miles de docentes”, puntualizó.TercosSin autocrítica. El ministro de Educación, José Antonio Chang, aseguró que “no le teme a las marchas y paros” y señaló que los maestros fuera del tercio superior “tendrán la opción de buscar trabajo en las escuelas privadas”.Chang no dudó en afirmar que “dará batalla para lograr la calidad educativa”, aun cuando expertos, ex autoridades, presidentes regionales y docentes indican que está incurriendo en un grave error. “De los 200 mil maestros en el mercado laboral, el Estado contrata a 50 mil, que ahora deberán pertenecer al tercio superior, y los otros 150 mil tienen la opción de las escuelas privadas”, recalcó.Por su parte, el premier Jorge Del Castillo siguió con su habitual actitud confrontacional y les indicó a los presidentes regionales renuentes a aceptar la norma que “no deberían confundir los intereses del Sutep con los del país” y que “se están poniendo en contra del pueblo”.

Inflación preocupa

Luego de reunirse con el presidente Alan García Pérez, el ministro de economía se mostró positivo y sostuvo que el Perú mantiene un nivel de crecimiento asiático con niveles de inflación europeos, pese a la desaceleración de la economía estadounidense, sostuvo el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, Carranza señaló que la inflación de enero fue relativamente baja, ya que si se compara las inflaciones de enero de otros países de la región estamos bastante bajo. Como se recuerda, la inflación de enero fue de 0.23%. Dijo, por ejemplo, que si el precio de algún producto, como del durazno ha subido es porque su oferta ha caído en una economía que viene creciendo por encima de ocho por ciento.Sin embargo, el economista y profesor de la Universidad de Lima, Javier Zúñiga, insistió en que el resultado de enero es muy bajo y favorece al gobierno, ya que cualquier persona que vaya todas las semanas al mercado se da cuenta que todos los productos han subido, incluso aquellos que no tiene relación con el trigo y el maíz, así como los productos que vienen del norte del país y no están relacionados a la selva y la sierra donde hay problemas en esta temporada.Asimismo, criticó la labor del Ministerio de Economía en los aspectos que tienen que ver el control de la inflación, con la disculpa de que vivimos en una economía de mercado. Agregó que como están las cosas el Perú terminaría el año con una inflación superior al 3%, y también, mencionó que de nada sirve compararnos con otros países, ya que los consumidores peruanos son los más afectados.

EN TORNO A LA FISCAL LOAYZA

El regreso o no de la fiscal Luz Loayza a Iquitos se ha convertido en una verdadera ola de nieve. De una supuesta vinculación de la Fiscal de la Nación con Fernando Zevallos (cierta prensa y ciertos analistas hablaron incluso de ella casi como peón o cómplice del tráfico ilegal de drogas y lavado de activos), la bola arrastra ahora a la propia Loayza, a tenor de las declaraciones del presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Raúl Castro. En efecto, en su presentación en la referida Comisión, la Fiscal Suprema Gladys Echaíz habría expresado “gravísimas acusaciones contra Loayza” que merecerían ser investigadas.
Ya no se trata, a nuestro juicio, de responder solamente a la cuestión de si Loayza retorna o no; el retorno que, dicho sea de paso, no es una decisión de la Fiscal de la Nación sino de la Junta de Fiscales Supremos, sino también de otras cosas importantes:
- ¿Existe realmente interés en la Fiscalía de la Nación de dificultar las investigaciones en torno a Fernando Zevallos?
- ¿Se trata de una ofensiva mediática y política para desembarcar a la doctora Bolívar porque sería “incómoda” a ciertas esferas del poder?
- ¿En el caso de Loayza, es sólo el interés de protegerla de “una muerte segura”, según se dice, o existen otras motivaciones y hechos que habrían sido informados en la Comisión de Justicia? Parece que se abriera una verdadera “caja de Pandora”.
Hay, sin embargo, otra cuestión de fondo. ¿Los funcionarios que desempeñan labores de riesgo tienen condiciones de seguridad suficientes especialmente? Todo funcionario que cumple su deber cabalmente, especialmente en la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, enfrentando con decisión el delito, siempre pone en riesgo su seguridad. ¿Se resuelve este problema trasladándolos a Lima? Si se acude a esta “solución”, sólo quedarán en las provincias funcionarios ineptos, pusilánimes o complacientes.
Como puede verse, el asunto de fondo no es si se traslada o no a un funcionario, sino si el Estado es capaz de dotar a determinados funcionarios que tienen trabajo de riesgo de las condiciones suficientes para cumplirlos. Si el Estado no es capaz, entonces el recurso fácil es despoblar los pueblos del interior de gentes idóneas y dejar los que no lo son.
Aprovechemos la “polémica” en torno a la fiscal Loayza y vayamos más allá. Y en lugar de exigir a la Fiscalía de la Nación un traslado quizá justificado de una fiscal, exijamos al gobierno preocuparse porque esas condiciones se den. Hay otras personas y funcionarios que también son objeto de amenazas, atentados y muertes, como alcaldes y concejales, funcionarios regionales, periodistas, maestros. ¿Los traeremos también a Lima para protegerlos?

La farsa del anillo energético

Asombra el papel antiperuano que desempeñan gobernantes que trabajan para las transnacionales y técnicos que sólo ven el interés inmediato -su interés personal- y no las consecuencias a mediano y largo plazo para el país. Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Jaime Quijandría encarnan, en el caso del gas de Camisea, esas dos caras de la defección nacional.Algún día lo pagarán, pero, entretanto, hay que obligar al Ejecutivo de Alan García a renegociar unos contratos que favorecen a Chile, y perjudican al Perú.El viernes último, el ingeniero Juan Incháustegui, ministro de Energía y Minas de Fernando Belaunde, fue entrevistado por Jimena de la Quintana en el Canal N de televisión. La conductora defendió la posición de que existen los contratos que favorecen a Chile, y que hay que cumplirlos. Incháustegui le respondió que los contratos no son sacrosantos, y que, si son contrarios al interés nacional, hay que renegociarlos. Lo hacen todos los países, precisó.Dijo además algo muy grave el ex ministro: en la época en que Michelle Bachelet, actual presidenta de Chile, era ministra de Defensa, declaró que había que proponer un anillo energético sudamericano a fin de que Chile obtuviera, de todas maneras, el gas que necesita para su economía. Comentó Incháustegui: “por la razón o por la fuerza”. Como proclama el escudo de Chile.He ahí la matriz de la propuesta genial de Alan García. Reynaldo Sarloza Rodríguez, en su notable tesis Camisea: influencia y repercusión en la gobernabilidad del Perú, presentada para optar el título de Máster en Gobernabilidad en la Universidad de San Martín de Porres, 2006, señala la astucia de la propuesta chilena. Precisa que Chile proponía un anillo energético de varios países sudamericanos: Brasil, Argentina, Chile y Perú. Lo divertido es que Chile es el único de esos países que no tiene gas. La idea, subraya Sorloza, es conectar Pisco (Perú) con Tocopilla (Chile) “para satisfacer principalmente la demanda chilena. El pretexto es la integración”. Recuérdese que la tesis es del 2006.El papel de PPK se veía venir. Recuerdo que allá por 2005, en el momento en que el país condenaba cualquier entrega del gas a Chile, PPK fue a Santiago a garantizar tal entrega. El problema sigue siendo que PPK es un ciudadano de Estados Unidos que ha jurado respetar la Constitución de ese país. En la colección de Códigos estadounidenses de la Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell se puede leer que, al adquirir esa ciudadanía, la persona se compromete a “renunciar y abjurar absoluta y enteramente a toda lealtad o fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado, o soberanía de la cual el solicitante fue antes sujeto o ciudadano”.Ese norteamericano ciento por ciento es negociante prochileno ciento por ciento.

García manipulará programas sociales

El analista político Sinesio López Jiménez advirtió ayer que el gobierno del presidente Alan García pretende impulsar, a partir del 2009, una estrategia asistencialista agresiva con el objetivo de conseguir adhesiones y votos para las elecciones generales de 2011.López hizo ese análisis en entrevista con LA PRIMERA sobre las declaraciones hechas el viernes por García en Trujillo y en las que pronosticó una supuesta victoria del Partido Aprista en las próximas elecciones.López dijo que, en ese empeño, García contaría con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y organismos internacionales. Además, como una estrategia segura para ganar más seguidores, pretenderá politizar los programas sociales que impulsa el gobierno a través de diferentes ministerios y que llegan a las personas de menores recursos, sectores en los que, justamente, hay mayor rechazo a la política de gobierno.La intención además, dijo López, es contrarrestar el hecho de que viene gobernando para los ricos a costa de los pobres, tal como lo demuestran las encuestas sobre la gestión del presidente Alan García Pérez. No descartó que a partir de 2009 el gobierno opte por maniobras para fragmentar a la oposición. Dijo que puede darse el caso que use a su antojo los procesos judiciales contra Antauro Humala y el ex dictador Alberto Fujimori, con el fin de dejar fuera de competencia, con malas mañas, a la oposición y, sobre todo, al presidente del Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala.Temor de la derechaEl analista también dijo que es muy probable que las declaraciones del presidente García sobre una eventual reelección del Apra, escondan “el temor impresionante de la derecha” (que representa García), sector político que prepara sus estrategias para hacer frente a las elecciones de 2011.