Presidentes regionales firmes ante amenazas

La confrontación entre el gobierno y los presidentes regionales por el tema del Tercio Superior se intensifica. El ejecutivo no da su brazo a torcer. El gobierno lanza nuevos ataques y amenazas con la carcel a los presidentes regionales.Que tantas autoridades regionales se manifiesten en contra del decreto supremo N° 004-ED y lo califiquen de “discriminatorio” desesperó al ministro de Educación, José Antonio Chang, quien amenazó con denunciar penalmente a los titulares regionales que rechacen el decreto. Ante ello, el presidente regional de Lambayeque, Yehude Simon, afirmó que no le preocupa ir preso por no acatar el decreto que establece como requisito contratar a los docentes del tercio superior. “Experiencia de cárcel tengo. Si los especialistas independientes y los pensadores educativos dicen que la medida está muy mal, entonces a todos deben meterlos presos”, ironizó Simon, quien ayer confirmó que, en su región, la norma fue derogada.Simon –quien pasó varios años falsamente acusado de “terrorismo”- consideró que el ministro está cometiendo “el peor error” al enfrentarse al magisterio y a los presidentes regionales por insistir en aplicar un decreto “poco realista”.Quieren mejor educaciónEn diálogo con LA PRIMERA, los presidentes regionales de Arequipa y Loreto expresaron su malestar por la actitud del Estado contra las regiones y los docentes, pues no comprenden que el Gobierno no sepa entender las razones por las que, en varias regiones, el decreto no debiera practicarse, lo que puede generar un grave clima de división nacional. El titular regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, afirmó que el premier Del Castillo está desinformado al decir que las regiones se oponen al pueblo, pues según dijo “no es que las regiones no busquen el desarrollo educacional, sino lograr mecanismos para tener buenos maestros”. Manifestó que Arequipa no aplicará el decreto sino que realizará evaluaciones de dominio del idioma y razonamiento matemático que buscarán “igualdad de oportunidades con selección de capacidades”.El presidente regional de Loreto, Yván Vásquez, manifestó que en su región el decreto no será practicable, pues no hay más de 1000 profesores que pasen el tercio superior y que por las condiciones geográficas será muy difícil movilizar y seleccionar docentes. Invocó la ley que defiende al profesorado y criticó al Estado porque crea un mal precedente.Remezón políticoEl ex ministro de Educación, Javier Sota Nadal, indicó a LA PRIMERA que lamenta que “los desaciertos del régimen ocasionaran un remezón político en el país” y pidió que la polémica se resuelva usando el diálogo. “La intención de admitir a los mejores maestros es buena, pero es un error pensar que pertenecer al Tercio Superior es un indicador absoluto de eficiencia. Está demostrado que no siempre los mejores alumnos de las universidades sean los mejores profesionales. El magisterio, tantas veces maltratado y mal pagado, merece otro trato”, sostuvo.Por su parte, el presidente de la comisión de Educación del Congreso, Pedro Santos, anunció que buscará una salida al problema con el ministro Chang y las autoridades regionales. “Del Castillo está tomando el tema educativo como un enfrentamiento contra el magisterio y no se da cuenta que ese decreto es discriminatorio, excluyente, inconstitucional y quita el derecho al trabajo a miles de docentes”, puntualizó.TercosSin autocrítica. El ministro de Educación, José Antonio Chang, aseguró que “no le teme a las marchas y paros” y señaló que los maestros fuera del tercio superior “tendrán la opción de buscar trabajo en las escuelas privadas”.Chang no dudó en afirmar que “dará batalla para lograr la calidad educativa”, aun cuando expertos, ex autoridades, presidentes regionales y docentes indican que está incurriendo en un grave error. “De los 200 mil maestros en el mercado laboral, el Estado contrata a 50 mil, que ahora deberán pertenecer al tercio superior, y los otros 150 mil tienen la opción de las escuelas privadas”, recalcó.Por su parte, el premier Jorge Del Castillo siguió con su habitual actitud confrontacional y les indicó a los presidentes regionales renuentes a aceptar la norma que “no deberían confundir los intereses del Sutep con los del país” y que “se están poniendo en contra del pueblo”.