EL DELITO DE SINDICALIZARSE EN EL PERÚ

Miles de trabajadores son despedidos por el solo hecho de reclamar sus derechos elementales: organización sindical, ocho horas de trabajo, sueldo justo, seguridad social, pensiones. Una sola empresa, Icadie SAC despidió de un plumazo 1,200 trabajadores por haber formado sindicato. Ya son más de 3825 textiles lanzados a la calle.Hace casi un siglo, en 1912, la empresa norteamericana Cerro de Pasco Corporation hacía que sus trabajadores laboraran hasta 36 horas continuas. Para que resistiesen esas jornadas de infierno, les daban hojas de coca. Lo denunció la escritora Dora Mayer en un folleto editado en inglés y español. La situación no ha mejorado desde entonces. En febrero del 2008, en este momento, hay obreros textiles peruanos que trabajan, sin masticar hojas de coca, horarios corridos de hasta 32 horas. El moderno empresario textil del siglo XXI imagina que los obreros peruanos son robots, incluidas las mujeres embarazadas que también están obligadas a cumplir estos horarios.Para mejorar esta situación, los obreros, amparados en la Constitución, deciden organizarse en un sindicato, pero a los empresarios que sólo piensan en sus utilidades, esto no les agrada y resuelven despedirlos, aunque las leyes vigentes lo prohíban. Por ejemplo, los trabajadores de Icadie SAC, service de la empresa Diseño y Color S.A., formaron su sindicato en octubre del 2007 y el 30 de noviembre del 2007 fueron despedidos 1,200 de los sindicalizados, quienes ahora engrosan las estadísticas de despedidos por la misma causal (filiación sindical), que en los últimos tres años ha alcanzado la cifra de 3,825.A los empresarios textiles les desagradan los sindicatos, pero también los permisos por razones de salud y las vacaciones de sus trabajadores. Todos los obreros la pasan mal, pero el caso de las trabajadoras es realmente estremecedor. No se les respeta ni siquiera el derecho vital de reproducción, es decir, no gozan de permisos pre ni pos natal, ni las horas de lactancia, a los que tienen derecho por ley.La gravidez como delitoEl de Ketty Mariana Martínez Soto, obrera textil despedida de Icadie SAC, es un caso emblemático. Con su nena en el brazo, dice que no le permitieron utilizar su hora de lactancia y por ello le dio una severa mastitis (inflamación de los senos por la leche acumulada). Tuvo que resistir 32 horas de trabajo. No sólo eso, sino que, a pesar que EsSalud depositó el cheque del subsidio pos natal a la empresa, ésta jamás se lo entregó. Cuando fue a reclamar, le cerraron las puertas; entonces decidió afiliarse al sindicato y por eso la despidieron. En una empresa textil, estar embarazada es un grave delito. A las mujeres en estado las hostilizan para que renuncien. En la empresa en que trabajó Ketty Mariana, en este instante, hay 8 mujeres embarazadas que están a punto de perder su trabajo.Seguirá en la lucha Jackson Tanca (26), recuperador de prendas en la empresa Star Print, también fue despedido. La causa: fomentar el sindicalismo y reclamar por sus derechos y los de sus compañeros. Se opuso a las jornadas de 32 horas de trabajo. Reclamó el pago completo de las horas extras y lo botaron. “Han montado un régimen cuartelario en la fábrica. Para mantener a raya a los trabajadores, los obligan a trabajar largas jornadas, llegando en algunos casos al extremo de decomisar las tarjetas personales para que no puedan salir de la planta industrial, con lo cual mantienen virtualmente en cautiverio al trabajador, para que trabaje forzosamente más de 8 ó 12 horas”, dice y asegura que estará en la lucha.Esto y más sucede en pleno siglo XXI en empresas peruanas que crecen y crecen y maltratan y maltratan a los obreros. Se paga salarios de 450 soles mensuales (150 dólares) y bajo amenaza constante para que nadie reclame. Este régimen de explotación se aplica en el Grupo Topy Top, Diseño y Color, Ceditex y Copettex, entre otros.¿Ley de exportación o de salvaje explotación?Los obreros textiles están sometidos a un régimen laboral retrógrado, que viene sosteniéndose desde 1978, a partir de la dación del Decreto Ley 22342, más conocido como Ley de Exportación No tradicional, que permite aplicar un régimen contractual especial que finalmente coloca y atrapa al trabajador en una situación de absoluta precariedad y desamparo. La Ley, en su artículo 32, permite que las empresas puedan contratar a trabajadores por periodos muy cortos de 2 ó 3 meses, renovando estos contratos de manera sucesiva, sin ningún tope en el tiempo, que sí se debe fijar en otros sectores. Por ello, tenemos casos de trabajadores que vienen laborando para una misma empresa o para un mismo grupo económico como los Flores (Grupo Topy Top) y los Torres (Grupo Diseño y Color) durante 10, 15 y hasta más de 20 años, pero sin estabilidad laboral ni beneficios.Este marco jurídico laboral se aplicó en todo sus extremos en tiempos del ex dictador Fujimori, quien pulverizó toda la legislación laboral que aún protegía los derechos esenciales de los trabajadores. Esa legislación no fue derogada durante el gobierno de Toledo y el presidente García, que prometió acabar con la explotación de las services y restablecer la jornada de las ocho horas de trabajo, ahora pide a los trabajadores del sector público que trabajen 16 horas.

Oposición insiste en pedir renuncia de Alva

Se ha salvado de varias, pero quizá la próxima sea decisiva para la continuación o no en el cargo como ministro del Interior de Luis Alva Castro. Y es que los ánimos en el Parlamento están enervados ante el trágico saldo del paro agrario. Este hecho incluso fue comparado con lo ocurrido en el conocido “Arequipazo”, por el cual el entonces titular del sector, Fernando Rospigliosi, tuvo que renunciar, en el gobierno de Alejandro Toledo. Así las cosas, según anunció Alva Castro, el miércoles ­asistirá a la Comisión Permanente del Legislativo para dar explicaciones correspondientes respecto a lo que ha venido ocurriendo en las zonas donde se acató el paro agrario. “Ya lo confirmé con el presidente del Congreso. Me piden que les lleve una información integral de lo que ha ocurrido en Ayacucho y lo vamos a hacer”, dijo. Adelantó que no es responsable de los sangrientos hechos y que el caso está en proceso de investigación. A esto se suma la supuesta infiltración de izquierdistas que asegura el mandatario, Alan García. La bancada nacionalista en pleno ha pedido al ministro dejar el cargo por dignidad, pues no tomó las previsiones debidas frente al paro agrario.El vocero de Alianza Parlamentaria, Carlos Bruce, no descartó la posibilidad de apoyar la censura al ministro del Interior, si asume la responsabilidad que “definitivamente tiene”, afirmó.A su vez, el legislador de UPP Edgar Reymundo aseveró que no aceptarán el clásico argumento del APRA que pretende culpar a otros para librarse de toda responsabilidad. “Convencerá a sus partidarios y ­aliados de siempre, con los que tiene componendas, pero la ­oposición no creerá esos argumentos absurdos. Si no convence, estaremos a favor de la censura”, sentenció.

Advierten que Ica está al borde de convulsión social

La inacción del gobierno podría generar una ola de convulsión social, advirtió Rómulo Triveño, presidente Regional de Ica, quien enfatizó que la población esta cansada de esperar la ayuda del ejecutivo. “Se requiere la reconstrucción de sus viviendas y no los grandes proyectos comerciales promovidos por el Fondo de Reconstrucción Integral del Sur (Forsur)”.A pesar de formar parte del Forsur, Triveño reconoció que su creación fue un error del gobierno. “Forsur no funciona, nació mal”. Advirtió que si la reconstrucción del sur continúa a cargo del empresario Julio Favre ésta demorará más de una década. “Si hasta hoy se han construido 200 viviendas, que se hagan cinco mil al año, las ciudades se demorarán en reconstruir unos catorce años”, señaló el titular de la región quien manifestó que esta demora no se habría producido si desde un principio hubieran dejado a los presidentes regionales asumir la responsabilidad y no dárselas a la gente “no calificada”.De otro lado, Hernán Garrido Lecca, justificando el poco avance de la reconstrucción acusó al Cofopri de no haber transferido los dos millones 600 mil nuevos soles al Forsur. “No se ha avanzado como hubiéramos querido”, reconoció.Explicó que el problema de titulación en la zona devastada por el terremoto no es por el sismo, sino que se debe a que no ha existido un registro adecuado de los predios, como en la localidad de Santa Rosa en Chincha Baja, en el Carmen, El Molino y Los Pollitos en Ica.Piden agilizar fondosJuan Mendoza Uribe, alcalde provincial de Pisco pidió la creación de una entidad estatal que agilice la entrega de fondos económicos a los municipios de las zonas afectadas con la finalidad de acelerar la reconstrucción. En ese sentido, señaló que por semana se entrega un promedio de 500 Bonos 6000 mediante el Banco de Materiales.De otro lado, criticó la escasez de personal policial ya que los asaltos y crímenes aumentaron. “Los índices de criminalidad pueden ser reducidos con la participación del Ministerio del Interior y del Ejército ”.

El premier Jorge del Castillo echó más leña al fuego del descontento social lanzando calificativos a diestra y siniestra.

Acosado por la protesta y el descontento regional y social, el gobierno aprista ofreció diálogo, pero al mismo tiempo ­apeló a la amenaza y hasta el chantaje, al advertir que usará la represión contra los cusqueños, además de ofrecer cárcel para los presidentes regionales que rechazan el tercio superior, y advertir que privará al Cusco de ser sede de una de las reuniones de APEC, si persiste en la protesta.Pese a ello, en esta región se sigue preparando una paralización y las fuerzas sociales se alinean en la confrontación, como la CGTP, que anunció su apoyo a los maestros y presidentes regionales, mientras el paro agrario va tomando cuerpo, convocado para el lunes próximo, y los gobiernos regionales de la Amazonía se ­aprestan a concertar medidas contra la “Ley de la selva”.En medio de esta efervescencia social, el premier Jorge del Castillo perdió ayer los papeles y, a contramano de su ofrecimiento de diálogo, usó toda clase de epítetos, desde “comunistas”, “sectores ultras” y “extremistas humalistas”, contra los dirigentes sociales y pobladores que protestan contra la ley que autoriza construir hoteles y restaurantes en los accesos a las ruinas arqueológicas.El jefe del gabinete también recurrió al chantaje al advertir a los cusqueños que, en caso se llegara a concretar la anunciada paralización, eso “implicaría la descalificación del Cusco como sede de APEC”. “He invitado al presidente regional a un nuevo diálogo el lunes o martes. Que escoja el día, pero sin paro de por medio”, exigió.El gobierno puso en marcha toda su maquinaria, en el desesperado empeño por tratar de contener las protestas sociales que se vienen, y hasta la ministra de Justicia, Rosario Fernández, se sumó al tono ­amenazante del premier, cuando advirtió que los organizadores de las protestas tendrán que atenerse a las consecuencias legales y que todas las personas que promuevan actos de violencia serán enjuiciadas.Pero Del Castillo fue más ­allá en su intento de amedrentar a la población. Dijo que si por acción de los “extremistas” el equipo uruguayo Nacional no retorna a su país por una ­eventual toma del aeropuerto –que no está prevista, al menos hasta el inicio de la huelga–, la FIFA tendría el pretexto perfecto para impedir que el Cienciano juegue de local en el estadio Garcilaso del Cusco. En tanto, la Confederación General de Trabajadores del Perú respaldó a los maestros del Sutep que rechazan la exigencia del tercio superior.

Especialista León Trahtemberg se pronuncia y Asamblea Regional de la Libertad también le dice no al tercio superior.

Pedir como requisito para la contratación de personal docente pertenecer al tercio superior sólo generó choques entre el Estado, docentes y presidentes regionales. Ante ello, el especialista en Educación, León Trahtemberg, señaló en diálogo con LA PRIMERA que “el Gobierno hace causa común en torno a un error, denotando incapacidad de rectificarse, perdiendo aliados entre analistas y líderes regionales que lo ayudarían a impulsar una reforma educativa”.Trahtemberg manifestó que, para hallar una salida, “el ministro Chang debe tener la capacidad de escuchar, reconocer errores y rectificarse. El ministro cometió un error, porque la buena intención de escoger a los mejores maestros podría haberse realizado estableciendo criterios y mecanismos rigurosos de evaluación, sin apelar a la exclusión de 2/3 de todos los docentes”.En cuanto al enfrentamiento con los presidentes regionales, advirtió que el Gobierno cocinaría la salida de Chang del sector Educación. “Me pregunto si es posible que grandes políticos como Alan García, Jorge del Castillo y Meche Cabanillas, que necesitan convivir en paz con los gobiernos regionales, no se han dado cuenta de que esta pelea es tonta o inútil. O es que quizá estén jalando la pita para luego negociar y en el camino se está quemando Chang”, puntualizó.Más vocesDe otro lado, el representante de Foro Educativo, Manuel Iguíñiz, advirtió que el decreto perjudica 60% de buenos docentes y favorece a profesores de institutos mediocres.También se pronunció la decana del Colegio de Profesores del Perú y ex secretaria general del Sutep, Soledad Lozano, señalando que “el gobierno insiste en los insultos, en vez de promover el diálogo”, agregando que participará en la próxima reunión de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.Y desde las filas del Apra también exigen un debate académico y legislativo, y no “pugilístico”, propuso la congresista Mercedes Cabanillas. Reconoció que ampararse en una constancia de haber pertenecido al tercio superior de alguna institución, no sería la manera correcta de seleccionar a los docentes.La Libertad en contraNada de disciplina, no acatan el tercio superior. Algo que el gobierno no esperaba fue el pronunciamiento unánime de la región La Libertad, consejeros apristas y de oposición cerraron filas contra la norma discriminatoria. Esta decisión refleja el rechazo que ha despertado en todo el país una disposición que según los especialistas no tiene ni pies ni cabeza. Con el pronunciamiento de la Región Libertad el gobierno se queda solo y enfrentado a la totalidad de gobiernos regionales que encabezados por el de Arequipa, Lambayeque y otros ya comenzaron a emitir sendas ordenanzas regionales declarando inaplicable el DS-004 y se aprestan a una reunión cumbre.

Presidentes regionales firmes ante amenazas

La confrontación entre el gobierno y los presidentes regionales por el tema del Tercio Superior se intensifica. El ejecutivo no da su brazo a torcer. El gobierno lanza nuevos ataques y amenazas con la carcel a los presidentes regionales.Que tantas autoridades regionales se manifiesten en contra del decreto supremo N° 004-ED y lo califiquen de “discriminatorio” desesperó al ministro de Educación, José Antonio Chang, quien amenazó con denunciar penalmente a los titulares regionales que rechacen el decreto. Ante ello, el presidente regional de Lambayeque, Yehude Simon, afirmó que no le preocupa ir preso por no acatar el decreto que establece como requisito contratar a los docentes del tercio superior. “Experiencia de cárcel tengo. Si los especialistas independientes y los pensadores educativos dicen que la medida está muy mal, entonces a todos deben meterlos presos”, ironizó Simon, quien ayer confirmó que, en su región, la norma fue derogada.Simon –quien pasó varios años falsamente acusado de “terrorismo”- consideró que el ministro está cometiendo “el peor error” al enfrentarse al magisterio y a los presidentes regionales por insistir en aplicar un decreto “poco realista”.Quieren mejor educaciónEn diálogo con LA PRIMERA, los presidentes regionales de Arequipa y Loreto expresaron su malestar por la actitud del Estado contra las regiones y los docentes, pues no comprenden que el Gobierno no sepa entender las razones por las que, en varias regiones, el decreto no debiera practicarse, lo que puede generar un grave clima de división nacional. El titular regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, afirmó que el premier Del Castillo está desinformado al decir que las regiones se oponen al pueblo, pues según dijo “no es que las regiones no busquen el desarrollo educacional, sino lograr mecanismos para tener buenos maestros”. Manifestó que Arequipa no aplicará el decreto sino que realizará evaluaciones de dominio del idioma y razonamiento matemático que buscarán “igualdad de oportunidades con selección de capacidades”.El presidente regional de Loreto, Yván Vásquez, manifestó que en su región el decreto no será practicable, pues no hay más de 1000 profesores que pasen el tercio superior y que por las condiciones geográficas será muy difícil movilizar y seleccionar docentes. Invocó la ley que defiende al profesorado y criticó al Estado porque crea un mal precedente.Remezón políticoEl ex ministro de Educación, Javier Sota Nadal, indicó a LA PRIMERA que lamenta que “los desaciertos del régimen ocasionaran un remezón político en el país” y pidió que la polémica se resuelva usando el diálogo. “La intención de admitir a los mejores maestros es buena, pero es un error pensar que pertenecer al Tercio Superior es un indicador absoluto de eficiencia. Está demostrado que no siempre los mejores alumnos de las universidades sean los mejores profesionales. El magisterio, tantas veces maltratado y mal pagado, merece otro trato”, sostuvo.Por su parte, el presidente de la comisión de Educación del Congreso, Pedro Santos, anunció que buscará una salida al problema con el ministro Chang y las autoridades regionales. “Del Castillo está tomando el tema educativo como un enfrentamiento contra el magisterio y no se da cuenta que ese decreto es discriminatorio, excluyente, inconstitucional y quita el derecho al trabajo a miles de docentes”, puntualizó.TercosSin autocrítica. El ministro de Educación, José Antonio Chang, aseguró que “no le teme a las marchas y paros” y señaló que los maestros fuera del tercio superior “tendrán la opción de buscar trabajo en las escuelas privadas”.Chang no dudó en afirmar que “dará batalla para lograr la calidad educativa”, aun cuando expertos, ex autoridades, presidentes regionales y docentes indican que está incurriendo en un grave error. “De los 200 mil maestros en el mercado laboral, el Estado contrata a 50 mil, que ahora deberán pertenecer al tercio superior, y los otros 150 mil tienen la opción de las escuelas privadas”, recalcó.Por su parte, el premier Jorge Del Castillo siguió con su habitual actitud confrontacional y les indicó a los presidentes regionales renuentes a aceptar la norma que “no deberían confundir los intereses del Sutep con los del país” y que “se están poniendo en contra del pueblo”.

Inflación preocupa

Luego de reunirse con el presidente Alan García Pérez, el ministro de economía se mostró positivo y sostuvo que el Perú mantiene un nivel de crecimiento asiático con niveles de inflación europeos, pese a la desaceleración de la economía estadounidense, sostuvo el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, Carranza señaló que la inflación de enero fue relativamente baja, ya que si se compara las inflaciones de enero de otros países de la región estamos bastante bajo. Como se recuerda, la inflación de enero fue de 0.23%. Dijo, por ejemplo, que si el precio de algún producto, como del durazno ha subido es porque su oferta ha caído en una economía que viene creciendo por encima de ocho por ciento.Sin embargo, el economista y profesor de la Universidad de Lima, Javier Zúñiga, insistió en que el resultado de enero es muy bajo y favorece al gobierno, ya que cualquier persona que vaya todas las semanas al mercado se da cuenta que todos los productos han subido, incluso aquellos que no tiene relación con el trigo y el maíz, así como los productos que vienen del norte del país y no están relacionados a la selva y la sierra donde hay problemas en esta temporada.Asimismo, criticó la labor del Ministerio de Economía en los aspectos que tienen que ver el control de la inflación, con la disculpa de que vivimos en una economía de mercado. Agregó que como están las cosas el Perú terminaría el año con una inflación superior al 3%, y también, mencionó que de nada sirve compararnos con otros países, ya que los consumidores peruanos son los más afectados.

EN TORNO A LA FISCAL LOAYZA

El regreso o no de la fiscal Luz Loayza a Iquitos se ha convertido en una verdadera ola de nieve. De una supuesta vinculación de la Fiscal de la Nación con Fernando Zevallos (cierta prensa y ciertos analistas hablaron incluso de ella casi como peón o cómplice del tráfico ilegal de drogas y lavado de activos), la bola arrastra ahora a la propia Loayza, a tenor de las declaraciones del presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Raúl Castro. En efecto, en su presentación en la referida Comisión, la Fiscal Suprema Gladys Echaíz habría expresado “gravísimas acusaciones contra Loayza” que merecerían ser investigadas.
Ya no se trata, a nuestro juicio, de responder solamente a la cuestión de si Loayza retorna o no; el retorno que, dicho sea de paso, no es una decisión de la Fiscal de la Nación sino de la Junta de Fiscales Supremos, sino también de otras cosas importantes:
- ¿Existe realmente interés en la Fiscalía de la Nación de dificultar las investigaciones en torno a Fernando Zevallos?
- ¿Se trata de una ofensiva mediática y política para desembarcar a la doctora Bolívar porque sería “incómoda” a ciertas esferas del poder?
- ¿En el caso de Loayza, es sólo el interés de protegerla de “una muerte segura”, según se dice, o existen otras motivaciones y hechos que habrían sido informados en la Comisión de Justicia? Parece que se abriera una verdadera “caja de Pandora”.
Hay, sin embargo, otra cuestión de fondo. ¿Los funcionarios que desempeñan labores de riesgo tienen condiciones de seguridad suficientes especialmente? Todo funcionario que cumple su deber cabalmente, especialmente en la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, enfrentando con decisión el delito, siempre pone en riesgo su seguridad. ¿Se resuelve este problema trasladándolos a Lima? Si se acude a esta “solución”, sólo quedarán en las provincias funcionarios ineptos, pusilánimes o complacientes.
Como puede verse, el asunto de fondo no es si se traslada o no a un funcionario, sino si el Estado es capaz de dotar a determinados funcionarios que tienen trabajo de riesgo de las condiciones suficientes para cumplirlos. Si el Estado no es capaz, entonces el recurso fácil es despoblar los pueblos del interior de gentes idóneas y dejar los que no lo son.
Aprovechemos la “polémica” en torno a la fiscal Loayza y vayamos más allá. Y en lugar de exigir a la Fiscalía de la Nación un traslado quizá justificado de una fiscal, exijamos al gobierno preocuparse porque esas condiciones se den. Hay otras personas y funcionarios que también son objeto de amenazas, atentados y muertes, como alcaldes y concejales, funcionarios regionales, periodistas, maestros. ¿Los traeremos también a Lima para protegerlos?

La farsa del anillo energético

Asombra el papel antiperuano que desempeñan gobernantes que trabajan para las transnacionales y técnicos que sólo ven el interés inmediato -su interés personal- y no las consecuencias a mediano y largo plazo para el país. Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Jaime Quijandría encarnan, en el caso del gas de Camisea, esas dos caras de la defección nacional.Algún día lo pagarán, pero, entretanto, hay que obligar al Ejecutivo de Alan García a renegociar unos contratos que favorecen a Chile, y perjudican al Perú.El viernes último, el ingeniero Juan Incháustegui, ministro de Energía y Minas de Fernando Belaunde, fue entrevistado por Jimena de la Quintana en el Canal N de televisión. La conductora defendió la posición de que existen los contratos que favorecen a Chile, y que hay que cumplirlos. Incháustegui le respondió que los contratos no son sacrosantos, y que, si son contrarios al interés nacional, hay que renegociarlos. Lo hacen todos los países, precisó.Dijo además algo muy grave el ex ministro: en la época en que Michelle Bachelet, actual presidenta de Chile, era ministra de Defensa, declaró que había que proponer un anillo energético sudamericano a fin de que Chile obtuviera, de todas maneras, el gas que necesita para su economía. Comentó Incháustegui: “por la razón o por la fuerza”. Como proclama el escudo de Chile.He ahí la matriz de la propuesta genial de Alan García. Reynaldo Sarloza Rodríguez, en su notable tesis Camisea: influencia y repercusión en la gobernabilidad del Perú, presentada para optar el título de Máster en Gobernabilidad en la Universidad de San Martín de Porres, 2006, señala la astucia de la propuesta chilena. Precisa que Chile proponía un anillo energético de varios países sudamericanos: Brasil, Argentina, Chile y Perú. Lo divertido es que Chile es el único de esos países que no tiene gas. La idea, subraya Sorloza, es conectar Pisco (Perú) con Tocopilla (Chile) “para satisfacer principalmente la demanda chilena. El pretexto es la integración”. Recuérdese que la tesis es del 2006.El papel de PPK se veía venir. Recuerdo que allá por 2005, en el momento en que el país condenaba cualquier entrega del gas a Chile, PPK fue a Santiago a garantizar tal entrega. El problema sigue siendo que PPK es un ciudadano de Estados Unidos que ha jurado respetar la Constitución de ese país. En la colección de Códigos estadounidenses de la Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell se puede leer que, al adquirir esa ciudadanía, la persona se compromete a “renunciar y abjurar absoluta y enteramente a toda lealtad o fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado, o soberanía de la cual el solicitante fue antes sujeto o ciudadano”.Ese norteamericano ciento por ciento es negociante prochileno ciento por ciento.

García manipulará programas sociales

El analista político Sinesio López Jiménez advirtió ayer que el gobierno del presidente Alan García pretende impulsar, a partir del 2009, una estrategia asistencialista agresiva con el objetivo de conseguir adhesiones y votos para las elecciones generales de 2011.López hizo ese análisis en entrevista con LA PRIMERA sobre las declaraciones hechas el viernes por García en Trujillo y en las que pronosticó una supuesta victoria del Partido Aprista en las próximas elecciones.López dijo que, en ese empeño, García contaría con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y organismos internacionales. Además, como una estrategia segura para ganar más seguidores, pretenderá politizar los programas sociales que impulsa el gobierno a través de diferentes ministerios y que llegan a las personas de menores recursos, sectores en los que, justamente, hay mayor rechazo a la política de gobierno.La intención además, dijo López, es contrarrestar el hecho de que viene gobernando para los ricos a costa de los pobres, tal como lo demuestran las encuestas sobre la gestión del presidente Alan García Pérez. No descartó que a partir de 2009 el gobierno opte por maniobras para fragmentar a la oposición. Dijo que puede darse el caso que use a su antojo los procesos judiciales contra Antauro Humala y el ex dictador Alberto Fujimori, con el fin de dejar fuera de competencia, con malas mañas, a la oposición y, sobre todo, al presidente del Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala.Temor de la derechaEl analista también dijo que es muy probable que las declaraciones del presidente García sobre una eventual reelección del Apra, escondan “el temor impresionante de la derecha” (que representa García), sector político que prepara sus estrategias para hacer frente a las elecciones de 2011.

George W. Bush pide fondos para sacar a los ilegales de Estados Unidos, entre ellos miles de peruanos

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, pidió al Congreso de su país que destine fondos para ayudar a las empresas a deshacerse de los trabajadores indocumentados, entre ellos muchos peruanos, pero decidió no solicitar dinero adicional para que los inmigrantes legales puedan acelerar su naturalización y ser ciudadanos estadounidenses.En su plan presupuestario difundido esta semana, Bush solicitó 100 millones de dólares para ampliar la Verificación-E, el sistema utilizado por los empresarios y patronos a fin de comprobar si contratan trabajadores documentados.Pero mostrando su mal trato a los latinos, no pidió al Congreso que destine más fondos para agilizar la tramitación de la ciudadanía o los permisos de residencia de millares de personas que viven o entraron legalmente en el país, y que tendrán que pagar tasas sustancialmente encarecidas el año pasado.En lugar de ello, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración recurrirá a 468 millones en tasas para reducir la acumulación de tramitaciones en el 2010. Esos fondos son una parte del total cobrado por las tramitaciones.En total, 7,7 millones de solicitudes fueron recibidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre del 2007, un aumento de 1,4 millones ante el anterior año fiscal.

Sector textil exportador presenta graves infracciones contra los derechos laborales

Impiden la libertad de sindicalización. Trabajo espera identificar a empresas que incumplen con trabajadores.
Vanessa Ochoa.


Las 10 empresas textiles que más exportaron en el 2007. Haga click en la imagen para ampliar.
Sin duda, el sector textil exportador es uno de los grandes pilares de nuestra balanza comercial. No en vano durante el 2007, creció un 17% con cifras que superan los US$ 1,376.416 por ventas a países de los cinco continentes.
Pero así como crece en ganancias, también crecen las desigualdades, pues precisamente en este sector se presentan graves infracciones contra los derechos laborales.
Para el viceministro de trabajo, Jorge Villasante, ello se debe a que por estar catalogados dentro del régimen de exportación no tradicional, tienen una ley específica y una serie de beneficios, entre ellos, contratar a trabajadores a plazo determinado, y no por casualidad en ocasiones esa ley se utiliza en contra del empleado.
EN LA MIRA DEL MTPE
"Con la campaña de fiscalización que hemos iniciado esta semana a más de 300 empresas textiles, buscamos deslindar cuáles son las que infringen los de-rechos laborales tales como la libertad de sindicalización en pretexto de una extinción de con-trato" explicó.
Dicha campaña culminará dentro de tres meses y se espera movilizar de 30 a 40 inspectores a nivel nacional.
Pero en el marco de estas inspecciones, es la empresa Topitop la que está en la mira pues, según pudo conocer La República, el MTPE iniciará un proceso investigativo a las seis empresas tercerizadas que tiene, entre las que figuran Sur Color y Star Print.
Al respecto, Villasante indicó que si bien Topitop es una de las empresas más grandes, existen otras que también han incumplido con sus trabajadores.
"Esta empresa ha sido objeto de varias inspecciones, algunas concluidas y otras en proceso, no solo por materia sociolaboral sino también por medidas de seguridad en el centro laboral. Por ello es que hemos iniciado esta campaña para ubicar a las empresas textiles infractoras", subrayó.
Multas llegan a S/. 105 mil
En el marco de este proceso de inspecciones, las multas pueden llegar hasta 30 UIT, equivalentes a S/. 105 mil.
"Esto es aplicable cuando el número de trabajadores de la empresa excede a 141 que, en el caso del sector textil suele ocurrir, y si existiera una concurrencia de infracciones como, por ejemplo, impedir la libertad sindical, se deberá reincorporar a los trabajadores" dijo Villasante.
Mientras que la menor sanción a imponerse equivale a 5% de una UIT, si la infracción es menor, como que la empresa no haya cumplido con la entrega de boletas de pago.
Villasante señaló que a pesar de que el sector textil será uno de los más beneficiados por el TLC con EEUU, los cambios que se harán a legislación laboral en el marco de la implementación se harán de manera integral y no con normas específicas para esta actividad

Gobierno argentino rechaza monitoreo del FMI

Buenos Aires, 7 feb (PL) El gobierno argentino rechazó hoy cualquier tipo de monitoreo de su economía por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Una de las cosas que no aceptamos es que se nos audite cuando las condiciones macro (económicas) de nuestro país están mostrando solidez", declaró a una radio local el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Fernández puntualizó que desconocía sobre la llegada de una carta al respecto y anunció que ese asunto lo está "viendo y trabajando" el ministro de Economía, Martín Lousteau.
El diario Clarín publicó un informe de que a mediados de enero pasado el FMI envío una misiva a la cartera de Economía y pidió informes sobre la metodología que utiliza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC).
La presidenta Cristina Fernández se reunió aquí en diciembre pasado con el nuevo director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, quien asistió en Buenos Aires a la ceremonia de traspaso de mando.
Según trascendidos, el actual gobierno y el Fondo quieren sentar las bases de su relación y la renegociación de la deuda argentina con el Club de París.
A principios de septiembre pasado, Strauss-Kahn fue recibido aquí por el ex mandatario Néstor Kirchner, quien cuestiona las políticas de ajuste aplicadas por el Fondo y lo responsabiliza de la grave crisis que afectó al país suramericano en 2001.

Ascienden a tres mil 950 las bajas estadounidenses en Iraq

Bagdad, 7 feb (PL) A tres mil 950 ascendió la cifra de bajas mortales entre las tropas de ocupación estadounidense en Iraq tras confirmarse hoy la muerte de un soldado como consecuencia de una explosión, según estadísticas del Pentágono.
Admite EE.UU. existencia celdas ultrasecretas en Guantánamo
El militar murió la víspera cuando un artefacto explosivo colocado en la carretera oeste de esta capital estalló al paso del vehículo en que viajaba, anunció el mando norteamericano en un comunicado en el cuale no se ofrecen más detalles del incidente.
Los ataques contra las tropas estadounidenses en la capital iraquí se incrementaron en las últimas semanas.
La principal causa de muerte de los soldados de la fuerza de ocupación, establecidas en este país árabe desde marzo de 2003, es el estallido de artefactos explosivos. Desde comienzos de este año esos efectivos son objeto de un ataque con bomba cada tres días, reconoció el mando castrense.
Asimismo, en las últimas jornadas hubo un incremento de los ataques contra las fuerzas de seguridad iraquíes.
La víspera un comando de la resistencia dio muerte a dos policías en la norteña ciudad de Mosul, informaron fuentes policiales.
Esa urbe es escenario de una gran operación ordenada por el primer ministro, Nuri al Maliki, contra supuestos miembros de la insurgencia.
También una bomba colocada al costado de un camino explotó al paso de una caravana policial que transportaba a la cárcel a una decena de supuestos integrantes del Ejército del Mahdi, grupo armado leal al clérigo musulmán chiíta Moqtada al Sader.
El suceso ocurrió en la localidad de Diwaniya, al sur de Bagdad y causó cuatro muertos y nueve heridos, agregó la policía.
La explosión tenía como objeto liberar a los 10 detenidos, quienes fueron capturados el pasado mes acusados de atacar a tropas estadounidenses e iraquíes, según el general de la policía Ghassan Mohammed Ali

GOBIERNO APRISTA VENDERÁ GAS DE CAMISEA A CHILE

Desde las épocas en que Alejandro Toledo era presidente hasta la fecha, un sinnúmero de funcionarios públicos han dicho en todos los idiomas y todos los medios de prensa que uno de los recursos naturales más preciados del Perú, como es el gas de Camisea, no sería jamás vendido a Chile, un país que es el competidor natural del Perú. Incluso, el domingo último, y de manera sorpresiva (como para sacudir­se de la rea­lidad o desinformando), el mi­nistro de Ener­gía y Minas, Juan Valdivia, descar­tó esta posibi­lidad de plano.Sin embargo, eso no es lo que afirma el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su página web, donde detalla las condiciones del préstamo de 400 millones de dólares para la exportación del gas. En la sección del proyecto “PE-L1016: Proyecto Perú LNG”, la descripción del proyecto indica textualmente lo siguiente: “Construir planta de gas natural licuado con una inversión de 2,700 millones de dólares para exportar gas desde Camisea hasta México y Chile”.A este hallazgo se añade el aspecto jurídico. Y es que según el decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Carlos Herrera Descalzi, la exportación es factible, ya que el marco legal del Perú señala que el gas es del Estado peruano mientras se encuentra en el subsuelo, pero una vez que es extraído, la empresa a cargo del proyecto ya es dueña del producto y puede tranquilamente exportar el gas de Camisea a Chile. Agregó que se puede presumir que la venta del gas para Chile esta implícita en el contrato suscrito entre la empresa exportadora Perú LNG y la Confederación Federal de Electricidad de México, en el que se detalla que los mexicanos comprarán 15 mil millones de dólares por 15 años; es decir, una cantidad de 2.4 trillones de pies cúbicos (TCF), de un total de los 4.2 trillones del lote 56, lo que significa que habrá un sobrante de 1.8 trillones de pies cúbicos de gas natural, que sería para Chile.

PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ - PATRIA ROJA

El Perú, por obra y gracia del modelo neoliberal, que con tanto empeño llevaron adelante Fujimori y Toledo, y que hoy continúa con verdadera euforia el gobierno aprista, está en camino a convertirse en un país "inviable", es decir imposibilitado de alcanzar el desarrollo y el bienestar para sus habitantes. En pocos años los trabajadores se han quedado sin derechos, se ha quebrado el aparato productivo, el agro se ha sumido en una profunda crisis, han colapsado los servicios de salud y educación, el desempleo se ha vuelto un mal crónico, se ha afianzado la exclusión e incrementado la pobreza y pobreza extrema, se ha lesionado la soberanía nacional, se ha desbocado la corrupción, el narcotráfico y la descomposición moral, en tanto los grandes monopolios saquean nuestra economía y recursos con la complicidad y beneplácito de las clases dominantes nativas.

La firma del TLC con EE UU, presentada por la derecha como una gran victoria, no hará más que agravar esta situación y reforzar el dominio colonial que ejerce sobre nuestro país el imperio del norte. Su implementación exigirá una adecuación de las leyes peruanas para consagrar la libertad e impunidad con que las grandes empresas norteamericanas se dedicarán al saqueo de los recursos, el pillaje de nuestra economía, y la destrucción del medio ambiente.

Los capitales chilenos se han apoderado de importantes resortes de nuestra economía, incluso en sectores estratégicos. Al igual que en 1879, las clases dominantes hoy, ponen sus negocios por encima de los intereses nacionales, pretendiéndonos hacer creer que la economía no tiene nada que ver con los conflictos históricos que tenemos con el país del sur. Hoy se prepara la privatización de los puertos y aeropuertos, lo que sumado al dominio aéreo que ejerce Chile sobre los cielos peruanos, a que el Perú no cuenta con marina mercante, y al creciente armamentismo chileno, nos coloca en evidente posición de vulnerabilidad e imposibilidad de ejercer adecuadamente la defensa nacional. La decisión del gobierno de encarar el problema de los límites marítimos con Chile con la política "de cuerdas separadas" no es más que la expresión de la debilidad con que se responde a la agresividad y expansionismo de las clases dominantes chilenas.

La voluntad vendepatria del actual gobierno y la derecha no tiene límites. Hoy con la llamada "Ley de la selva", cuyo proyecto obra en el Congreso, se pretende llevar a cabo la privatización de los bosques amazónicos, conforme lo anunció el Sr. García en su artículo "El perro del hortelano". De este modo los recursos estratégicos de nuestra selva pasarán a ser propiedad de capitales extranjeros, sin importar el despojo a las comunidades nativas, ni la destrucción del equilibrio ecológico en esa importante región.

Todo esto no puede sino provocar la indignación de la inmensa mayoría de peruanos que aspiramos a una patria libre, próspera, soberana, con plenos derechos y bienestar para sus habitantes. Las luchas sociales que han puesto en marcha diversos sectores del campo y la ciudad, tienen su origen en la postergación de la que es objeto la población y en el permanente atentado a los intereses del país. En el presente los pueblos amazónicos se han puesto de pié para defender los recursos de la región y evitar que se consume el despojo. Nuestro Partido expresa su firme respaldo a estas luchas e invoca que se procese la más amplia unidad en torno a los frentes regionales.

Asimismo hacemos pública nuestra solidaridad y adhesión a los sectores campesinos que el próximo 18 de febrero iniciarán un paro agrario indefinido en respuesta al abandono e indiferencia por parte del gobierno y exigiendo medidas urgentes para paliar los efectos negativos que ocasionará el TLC con EEUU.

Llamamos al conjunto del pueblo peruano a luchar unidos para detener y derrotar la implementación del modelo neoliberal en curso y evitar que nuestro país se siga arrojando a la voracidad de las grandes empresas extranjeras y lesionando su soberanía. La defensa de la patria y de los derechos de la población es el primer requisito para llevar adelante los grandes cambios que el Perú requiere.

Perú, 05 de febrero del 2008
GIRDLER TORRES RODRÍGUEZ
Presidente

ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS Y EL DATEM DEL MARAÑON (LORETO)
PRONUNCIAMIENTO
Nosotros, representantes de los pueblos indígenas, ribereños y campesinos en general, ante la decisión del gobierno de imponer políticas, sistemas o modelos de desarrollo económico excluyente, destructor del medio ambiente, ignorando totalmente las condiciones sociales de los pueblos amazónicos y desconociendo el trato que se tiene que dar a este ecosistema, por la intención sistemática de expropiar o despojar de nuestros territorios a la población amazónica, bajos los proyectos de ley 840, 1770 y 1900, manifestamos a la opinión pública local, nacional e internacional:
1.-El actual régimen a nombre de la política de Reforma del Estado ha fusionado muchas entidades entre los cuales figura el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT), que ha sido absorbido por COFOPRI, con la finalidad de limitar el derecho de nuestra gente a su tierra y territorio.
2.- Es evidente que COFOPRI cumpliendo las consignas del gobierno central, pretende titular solo áreas trabajadas por campesinos y recortar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio ancestral, sin considerar que el bosque también es parte de su actividad económica del presente y del futuro. La intención es dejar muchas áreas libres para subastar.
3.- Que la política excluyente de esta supuesta Reforma del Estado ha ido al extremo de convertir a la Amazonía en objeto de compra-venta al mejor postor, sin considerar a la población en sus necesidades y su visión de desarrollo.
4.- En la Amazonía tenemos más de 22 millones de hectáreas concesionadas a las empresas petroleras y 21 millones de hectáreas de bosques de producción permanente, de las cuales 7 millones de hectáreas han sido otorgadas en 584 contratos a empresas madereras, sobreponiéndose a los territorios de los pueblos indígenas y centros poblados ribereños.
5.- Además de estos procesos de concesiones se pretende ahora poner en venta la Amazonía definiéndola como "tierras eriazas", sin tener en cuenta que nuestro territorio está ocupado por una diversidad de pueblos originarios, quienes han manejado hasta hoy, de manera sostenible, el frágil ecosistema de la Amazonía durante milenios, muy diferente de la sierra y de la costa.
6.- Algunos gobiernos regionales, sin hacer los mínimos estudios de zonificación ecológica y económica aceptan el tipo de política entreguista del gobierno central que favorece a los grandes grupos de poder económico, dejando sin beneficio y excluyendo a su población.
7.- El gobierno regional de Loreto, antes de defender el derecho de sus ciudadanos a la tierra y territorio, viene categorizando a los centros poblados de su jurisdicción recortando sus territorios que por derecho ancestral les corresponde, sobrepasándose la normatividad legal vigente y ante el silencio cómplice de los gobiernos distritales y provinciales.
Por lo expuesto:
1.- Condenamos la indiferencia social de este gobierno por la contaminación causada por la explotación petrolera y minera, sobre todo en la zona del Corrientes-Tigre, Pastaza, Morona y Marañón. El gobierno es el gran responsable de las enfermedades de la población golpeada que sufre las consecuencias del envenenamiento de sus aguas con plomo y cadmio. A esto se llama GENOCIDIO y los responsables tienen nombre y apellidos.
2.- Condenamos la situación de abandono y de pobreza en que se encuentran las poblaciones donde se desarrollan estas actividades. Nos preguntamos: ¿Dónde está el tan pregonado desarrollo que estas empresas ofrecen y que este gobierno auspicia y quiere imponer a como de lugar desoyendo la voz de sus ciudadanos?
3.- Rechazamos categóricamente los proyectos de ley arriba mencionados por ser atentatorios contra los derechos adquiridos del pueblo amazónico en su conjunto. Más aún cuando los tratados internacionales conexos a los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas forman parte de los compromisos del Estado peruano.
4.- Expresamos nuestro rotundo NO a proyectos de ley digitados desde fuera. No más concesiones forestales, petroleras y mineras sin consulta previa de buena fe a los pueblos indígenas y la población amazónica en general. NO a la adjudicación arbitraria de tierras en contra de los intereses de la población local.
5.- Mientras perdure la arbitrariedad del gobierno regional de Loreto y COFOPRI, digitados desde el gobierno central, expresamos nuestro enérgico rechazo y advertimos a las autoridades centrales, regionales y locales la firme "decisión" de NO reconocer las resoluciones que recortan el derecho al territorio y a la posesión.
6.- La Amazonía es NUESTRA, no del autor del PERRO DEL HORTELANO, ni mucho menos de los grandes consorcios económicos que pretenden ocupar nuestros territorios con la complicidad de este régimen.
SEPAN TODOS: NUESTRO BOSQUE ES NUESTRO BANCO, ES NUESTRO MERCADO, ES NUESTRO HOSPITAL, NUESTRO HOGAR…ES NUESTRA VIDA.
Yurimaguas, 02 de febrero de 2008
Firman:
Representante de la Organización indígena CORPY
Representante de la Organización indígena AYDESEP
Representante de las Organizaciones Campesinas de Alto Amazonas
Representante Proyecto Defensa de Tierras
Vicariato Apostólico de Yurimaguas
Radio Oriente de Yurimaguas
Radio Ucamara de Nauta
Radio La Voz de la Selva de Iquitos
Sindicato Unitario de los Trabajadores en las Educación de Alto Amazonas-SUTEAA
Movimiento Nueva Izquierda de Alto Amazonas
Siguen firmas...

CHÁVEZ: ''EL 4 DE FEBRERO MARCÓ EL INICIO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA EN VENEZUELA''

El estallido social que tuvo lugar los días 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como “El Caracazo”, constituyó un hecho que aceleró la insurgencia militar y los acontecimientos del 4 de febrero de 1992, fecha en la que más de 2 mil hombres se alzaron en armas e intentaron dar respuesta al descontento popular deponiendo el Gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, encabezó este lunes el acto de conmemoración del 16° aniversario de la rebelión cívico militar del 04 de febrero de 1992, fecha conocida ahora como "el día de la dignidad".
"La verdadera fuerza de ese día vino de los profundos deseos, dolores y esperanzas de un pueblo durante siglos, esa fue la fuerza que se desató el 4 de febrero de 1992", dijo el Presidente.
Estas declaraciones las emitió durante su discurso en conmemoración del 16° aniversario del histórico 04 de febrero de 1992, calificado como el día de la rebelión cívico militar que marcó el inicio de la Revolución Bolivariana.
El Jefe de Estado recordó el papel de todos los hombres que participaron en el levantamiento, "ese día fue el núcleo de la Revolución". Sin embargo reconoció también la dificultad de una victoria militar aquel 4F. "Éramos una minoría, y éramos tenientes coroneles, capitanes y tenientes" expresó.
Explicó que el 4 de febrero "disparamos un fusil de carga hueca contra el pasado y fue la gran liberación de grandes esperanzas de un pueblo, de ese pueblo de Bolívar y de Simón Rodríguez".
"Hoy es cuatro de febrero, mañana también será cuatro de febrero, el cuatro de febrero no ha terminado y no terminará jamás, porque el cuatro de febrero es la vida misma, es la patria misma", enfatizó Chávez.
Una potencia latinoamericana
En este sentido, indicó que el Gobierno venezolano seguirá en su empeño de construir la patria socialista y en hacer de Venezuela una potencia latinoamericana, no sólo en el ámbito económico sino también en el aspecto moral, social, militar y político.
Asimismo, aseguró que "el movimiento revolucionario brotó el 4F como volcán que partió en dos la historia venezolana" y que permitió la llegada al poder de los actuales gobernantes, por lo cual éstos deben cumplir el compromiso asumido con el pueblo.
"No podemos fallarle a nuestro pueblo, no podemos fallarle a nuestra historia. Llamo a que este 4F tomemos fuerza profunda del manantial más grande de nuestros sueños, nos reimpulsemos, para que cada día seamos mas auténticamente revolucionarios, socialistas, para que estemos más unidos y no nos dejemos debilitar por los adversarios", añadió.
Chávez dijo, además, que el 4F "recogió el anhelo y la esperanza de millones de venezolanos durante siglos, ésa es su fuerza y no se apagará nunca, eso depende de nosotros. El 4F no ha terminado, queda suspendido para siempre, en cada minuto, en cada segundo de nuestras vidas, está hoy más vivo que nunca".
El 04 de febrero, consecuencia del "Caracazo"
El estallido social que tuvo lugar los días 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como "El Caracazo", constituyó un hecho que aceleró la insurgencia militar y los acontecimientos del 4 de febrero (4F) de 1992, fecha en la que más de 2 mil hombres se alzaron en armas e intentaron dar respuesta al descontento popular deponiendo el Gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez.
"Lo del 27 y el 28 de febrero fue la insurgencia de un pueblo explotado y masacrado. La revolución profunda de un pueblo que se cansó de ser vejado y fue un disparador del 4 de febrero, fue un acelerador del proceso que ya venía cocinándose, que ya había sido engendrado en lo más profundo de las entrañas del Ejército" dijo el mandatario.
Aseguró que el movimiento revolucionario se engendró en el Ejército venezolano de entonces y "supo recoger siglos de anhelos, décadas de dolor, años y años de frustración de un pueblo".
Chávez explicó que encabezó el levantamiento "en nombre del pueblo" que había sido "masacrado" tres años antes, el 27 de febrero de 1989, durante el llamado "Caracazo", una revuelta popular contra el "hambre y la miseria" derivada del paquete económico impuesto por el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979/1989-1994).
El presidente venezolano y demás militares involucrados en el fallido golpe fueron juzgados y sentenciados en 1992 por rebelión, y fueron indultados en 1994 por el entonces presidente Rafael Caldera (1969-74/94-99).

MYPES EXPORTADORAS NO SE ESTAN DESARROLLANDO

Para darle un gran impulso a las Micro y Pequeñas Empresas Exportadoras (mypex) debe abrirse el mercado para que en el servicio de envío postal no solo participe la empresa estatal Serpost, sino también los más de 450 concesionarios postales privados, de los cuales 95 ya están autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para brindar servicios postales internacionales.
Pero sí están autorizados, entonces ¿cuál es el problema?
Es que existe un monopolio, pues Serpost es la única empresa que puede utilizar el programa Exporta Fácil –servicio simplificado de trámites que brinda Sunat a traves de la web–, cuando también existen otras agencias como DHL o TNT, que brindan igual o mejor calidad de servicio.
También propone extender los límites tanto en peso y valor para los envíos postales.
Actualmente las exportaciones por envíos postales solo pueden ser por un máximo de 30 kilos. Mi propuesta es que ese límite se eleve a 50 kilos, acorde con la actual norma internacional. Otro problema es el límite de valor en US$ 2 mil por envío, cuando debería ampliarse a un mínimo de US$ 10 mil.
¿Cuáles serían los beneficios de aprobarse las modificaciones que propone?
–Con estos cambios se reducirían los gastos para las mypex, pues realizarían menor cantidad de envíos por un mismo monto exportado. Esto se entendió en Brasil, que tiene un límite de US$ 20 mil por envío postal.
JUEGO DE INTERESES
¿Porqué cree que aún no se implementaron estas reformas?
Porque Aduanas hace mucho lobby para que no haya ningún cambio, pues las comisiones que cobran sus agencias podrían reducirse. El desincentivo al sector se nota en el desbalance de envíos del año pasado: mientras se importaron US$ 60 millones en servicios courier, apenas se exportó US$ 6 millones vía el servicio postal.
¿Las propuestas de reforma tienen algún aspecto negativo?
No existe impedimento técnico y no implica costos para el Estado. Ya se implementó "Exporta Fácil, pero debe masificarse para que sea todo el país el que se beneficie.

PLAN PRO CHILENO

En la mira de los capitales prochilenos. La Federación de Trabajadores de Enapu alertó que la campaña emprendida en contra de la administración del puerto del Callao tiene como objetivo entregar nuestro primer puerto a los operadores privados y a los inversionistas chilenos.Al respecto, la Federación manifestó que en el 2007 el Callao, sin contar con una grúa pórtico, ha movilizado un millón de contenedores superando largamente a otros puertos del Pacífico, logrando con ello una utilidad de 100 millones anuales.“Además, está la inversión que ejecutará el operador Dubai Ports, empresa estatal de Emiratos Árabes, por un monto de 617 millones para mejorar aún más las instalaciones. Sin embargo, continúa la campaña de desprestigio. El objetivo es claro: desplazar a Enapu para entregar la administración a operadores privados prochilenos”, indicó la Federación. En ese sentido, el analista Manuel Dammert recordó que hace siete años se privatizó el puerto de Matarani por seis millones de dólares, y quedó subordinado al consorcio chileno que ahora concesiona Arica. Ello, sostuvo, ha generado sobrecostos, que se han traducido en tarifas altas y baja calidad del servicio. “Lo que busca la campaña es trasladar ese escenario al Callao”, manifestó.Por ello, informó que urge la aprobación del Proyecto de Ley 1648, que contempla la formación de Consorcios Regionales Portuarios, para fortalecer a Enapu y el sistema de puertos públicos, y así derrotar esta ofensiva privatizadora.

CONFIRMAN GRAN PARO REGIONAL

Si bien el paro agrario fue convocado para el 18 de febrero, el presidente de la Junta Nacional de Usuarios, Enrique Málaga, señaló que su gremio está a favor de mantener las conversaciones con el ministro de Agricultura, a fin de evitar la medida de fuerza.“El lunes vamos a reunirnos con el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros y con Benavides Ferreyros (ministro de Agricultura), vamos a dialogar sobre la ley de administración de recursos hídricos. Estamos presentando un pliego de reclamos y está siendo atendido en parte. Yo no descarto la posibilidad de que el paro se suspenda, si es que nuestros pedidos son atendidos”, señaló Málaga.El titular de Agricultura expresó que su sector practica una política de permanente diálogo y que no había razón para una huelga agraria. Respondiéndole, Málaga detalló que ellos piden ser incluidos en la elaboración de la ley de administración de recursos hídricos, “pues nadie mejor que nosotros, los usuarios, para exponer la realidad de los terrenos que se beneficiarán”.

García utiliza juicios contra los opositores

El pedido de la fiscal Gladys Fernández, de encarcelar por 15 años y luego desterrar al presidente del Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala, se está convirtiendo en un bumerán político contra el gobierno aprista. Diversos líderes políticos y analistas coinciden que este acto es una forma de utilización del Poder Judicial por el gobierno para ­acallar a las voces opositoras. Tal parece que los tentáculos oscuros del gobierno del presidente Alan García tienen un objetivo claro: descabezar a la oposición.“García no quisiera tener ­oposición”, señaló contundente el ex premier Carlos Ferrero, refiriéndose a que tanto Ollanta Humala como el ex presidente Alejandro Toledo están sufriendo persecución política y enfrentan sendos juicios ordenados por consigna.“En el caso de Toledo es ­evidente que García ha dicho ‘agárrenlo como sea’. Es evidente que en el Poder Judicial existe gente que está dispuesta a seguir las recomendaciones de García”, afirmó.Y en el de Ollanta Humala, anotó que no le parece “que se pueda presentar una acusación sin haber escuchado la declaración del acusado, no tiene lógica”. Sobre la posible expatriación del líder nacionalista, aseguró que “no está permitido por la Constitución y va contra los derechos humanos”.Para el analista político Carlos Tapia, “el pueblo no sólo ha aceptado a Ollanta Humala como cabeza de la oposición sino también como alternativa de gobierno”, por lo que “seguramente los que hacen inteligencia para el APRA se han dado cuenta y por eso quieren golpearlo rápidamente”. “El llamamiento a movilizarse para la defensa de Ollanta es la defensa del debido proceso, del Estado democrático y del Estado de Derecho”, advirtió, en referencia a la manifestación a favor del líder nacionalista del miércoles pasado en la Plaza Francia.SolidaridadPartidos políticos de gobierno y otras agrupaciones progresistas de Sudamérica y el Caribe, por ejemplo, suscribieron un pronunciamiento de solidaridad con Ollanta, y condenaron la presión del poder político sobre la justicia en nuestro país. Firman al pie el Movimiento Al Socialismo (MAS), que lidera el presidente boliviano Evo Morales; el Frente Amplio de Uruguay, que preside el mandatario uruguayo Tabaré Vásquez; así como también el Partido de los Trabajadores (PT), de Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente de Brasil.Con anterioridad el líder ­opositor recibió expresiones de apoyo de los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y Nicaragua, Daniel Ortega.Igualmente, de la Fundación Danielle Miterrand, que encabeza la viuda del ex presidente francés François Miterrand, y de diversas instituciones y organizaciones políticas y sociales de Europa y América Latina.